QORILAZO NOTICIAS: En dos semanas, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales. Sin embargo, ¿saben los electores cuántos de los alcaldes y exalcaldes son investigados, procesados o sentenciados por corrupción?
Del periodo 2002 al 2014 se ha evidenciado que 2059 autoridades están involucradas en delitos contra la administración pública. Sin embargo, la cifra alcanza niveles más alarmantes: son 4225 funcionarios —dentro de las gestiones municipales y regionales— los que han incurrido en actos de corrupción.
Regiones
Los datos han sido revelados en “La corrupción en los gobiernos regionales y locales”, informe elaborado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, a nivel nacional. Entre las jurisdicciones que más casos de corrupción presentan se encuentran Junín (445), Cusco (439), Lima (411), Cajamarca (243), Arequipa (241) y Áncash (226).
Cabe mencionar que el actual gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, es acusado por los presuntos delitos de peculado y lavado de activos; mientras que en Cusco, el gobernador Edwin Licona Licona es investigado por la Procuraduría por el delito de cohecho pasivo. Licona habría recibido el famoso “diezmo” por el favorecimiento en la concesión de obras de descolmatación de ríos.
En ese sentido, se aprecia que de los 4225 casos de corrupción, el 58% está relacionado con las contrataciones que efectúan los gobiernos regionales y municipalidades con empresas privadas. Asimismo, el informe demuestra que, ante la debilidad del sistema judicial, las autoridades regionales y locales se aprovechan indebidamente del cargo público —el cual administran— para satisfacer ambiciones personales y lucrar con los bienes y recursos públicos.
Sentencias.
Son 205 autoridades y exautoridades vinculadas a delitos de corrupción que se encuentran condenadas, las cuales han generado —en su accionar ilícito— un perjuicio económico al erario del Estado mayor a 7.7 millones de soles. Pero ese no es el único daño. “Mas allá de perjuicio económico, lo que también nos preocupa es el debilitamiento de nuestras instituciones”, afirma el procurador especializado en Delitos de Corrupción, Amado Enco.
La cifra de 205 sentenciados refleja un retraso de los procesos judiciales y una seria deficiencia, según lo expone el informe, en las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial. Aunque el procurador Enco destaca la labor de algunos fiscales, también expresa su preocupación por la extensión en los tiempos —nueve e incluso 12 meses— que duran investigaciones preliminares y las demoras de la resoluciones judiciales.
Por su parte, ante la reducida cantidad de sentencias, el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, solicitó a la Procuraduría analizar por qué el sistema de justicia tiene una baja tasa de imposición de responsabilidad penal. Entre las variables podrían estar corrupción en la institución, falta de estrategia procesal de los abogados o falta de ejercicio del poder de los jueces.
Asimismo, Castañeda señaló que la Procuraduría debe continuar profundizando en este informe y detallar las nuevas formas de corrupción que se presentan en las contrataciones públicas. Además, expresó la voluntad de fortalecer la información a través de una plataforma o un observatorio y mostrar a la ciudadanía la forma cómo se desenvuelve la lucha contra la corrupción.
Cabe indicar que las 205 sentencias equivalen a 4.8% de los 4225 casos de corrupción expuestos. Por tal razón, la Procuraduría expresa que, para garantizar investigaciones objetivas y sentencias ejemplares que contribuyan a reducir la brecha de impunidad, es necesario contar con jueces y fiscales probos e idóneos.
Si bien es cierto, el mapeo de la corrupción permite que la población está mas consciente de las autoridades que eligió, también es importante prestar atención a los antecedentes de los actuales candidatos.
Fuente: Correo
